Memoria histórica: Aniversarios sepultados

Neus Roca analiza la desmemoria histórica en el Estado español, que ha enterrado en el olvido los crímenes del franquismo y el reconocimiento de las víctimas de la dictadura. Además reivindica la necesidad de recuperar la historia del movimiento obrero, de los sindicatos y de las organizaciones revolucionarias para el presente.

“Si el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y escuchen su lección: la de esos hombres que han caído embravecidos en la batalla […] y que ahora ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón”. Hace pocos meses estas frases, fuera de contexto e impregnadas de rancio catolicismo recalcitrante, fueron recitadas nuevamente por el presidente de la cámara de los diputados con la intención de “rendir homenaje a aquellos que murieron en defensa de sus ideales” y planteando que “ojalá” puedan emplearse, las citadas palabras, para desterrar el odio y la intolerancia.

Lejos de reivindicar o exaltar la firme apuesta estratégica de reconciliación institucional del presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, realizada en aquel contexto de posible intervención internacional para finalizar el conflicto armado y parar la sangría, el discurso pronunciado por José Bono el pasado 18 de Julio con motivo del 75 aniversario del alzamiento fascista expone la paz, el perdón y la piedad como una necesidad inminente frente a la actual tensión social en el campo de la memoria.

El discurso llega en un momento en que la relación con las asociaciones de memoria y de familiares de víctimas es más tensa producto de la inoperancia ejecutiva de la nueva legislación sobre memoria histórica y fosas aprobada por el Gobierno del PSOE1. El titular de “Olvido oficial en el día de la Memoria” (versión digital de Público, 19/07/2011) sintetiza la amnesia institucional y social que aun, 27 años después de la aprobación de la teóricamente democrática y ejemplar Constitución, impera impunemente en nuestra sociedad.

La situación actual sobre la memoria histórica y los crímenes del franquismo mantiene una estrecha vinculación, en tanto predetermina el escenario, con el proceso político conocido como Transición, momento en que se institucionaliza la impunidad y el falso consenso de una guerra entre bandos hermanos dentro de un mismo Estado. Y no nos referimos solamente al campo estrictamente vinculado a los derechos humanos, de la condena de la dictadura y el reconocimiento de las víctimas implícito en ésta, sino también a campos que tradicionalmente no se han vinculado, como es el papel de los sindicatos y sus movilizaciones, la capacidad de respuesta social y de autoorganización, el sistema bipartidista, el régimen monárquico, el peso de la Iglesia y la falta de separación de poderes existente en el Estado.

La Transición como instrumento para la Paz Social

El tiempo transcurrido entre la muerte de Franco en 1975, la elaboración de la Constitución y el final del gobierno de UCD en 19822 no se caracteriza por la transparencia y la participación, por el contrario queda mejor definido por los pactos secretos y las reuniones no oficiales. La muerte del dictador se produjo en un contexto de creciente movilización social pese al alto grado de represión y impunidad. El nivel de huelgas entre 1975 y 1976 era el más alto de Europa y en Euskal Herria, donde se combinaban el discurso y reivindicaciones nacionales, la amnistía y la lucha obrera, fueron convocadas 13 Huelgas Generales entre enero de 1976 y mayo de 19773.

Aun así, las decisiones y legislaciones acordadas durante este periodo no tuvieron en cuenta las reivindicaciones de cambio que exigía la sociedad. El peso y el poder de los sectores falangistas y militares, existente aun en la actualidad, condicionó las negociaciones por el cambio de régimen. Al mismo tiempo uno de los partidos referentes de la izquierda4 y principal fuerza de la oposición, el PCE, o el PSUC en Catalunya, estableció negociaciones con Adolfo Suárez, presidente escogido por el monarca sucesor del dictador. Éstas finalizaron, entre otros aspectos, con la firma de los Pactos de la Moncloa, desarmando así a la clase trabajadora en lucha, con el apoyo del PCE a la Constitución de 1978 y la aprobación, ya como miembros electos del Parlamento, de la Ley de Amnistía de 1977 posterior a las primeras elecciones.

Esta izquierda aceptó la bandera, la monarquía y acordó el descenso de la radicalidad de las luchas obreras y sociales a cambio de la legalización y la posibilidad de acceder a escaños parlamentarios y ayuntamientos para sus líderes, aun sabiendo la debilidad en que dejaban al resto de la izquierda hasta pasadas las elecciones. Toda iniciativa o protesta que supusiera un peligro para una posible alianza con los sectores socialdemócratas, incluso con los sectores aperturistas de la dictadura, fue manipulada, silenciada o aplastada. Ésto se tradujo en una parada sistemática de cualquier protesta o lucha que pudiera suponer la recuperación o reivindicación de algunos de los derechos conseguidos con las victorias obreras y sociales de la revolución de 1936 y, al mismo tiempo, impuso el mantenimiento del status quo consolidado con la dictadura y no cuestionado por ningún sector de la clase política durante la Transición.

Sólo queda resaltar que, aun existiendo demandas y presión social por la Amnistía de las presas políticas, la promulgación del Decreto de Amnistía de 1977, como todos los acuerdos de esta época, responde a los intereses de consolidación de una clase política muy concreta. En realidad se va a promulgar una ley de punto y final, de impunidad absoluta para los ejecutores de crímenes durante la Guerra Civil y la dictadura. Ley que obviamente no contempla el carácter de imprescriptibilidad del que dota la legislación internacional a los Crímenes Contra la Humanidad y de Guerra5, tipificación que corresponde a los perpetrados por el movimiento franquista.

A pesar que desde el PSOE hasta el PCE/PSUC, pasando por CCOO y UGT, no prestaron atención a las demandas sociales una vez iniciadas las negociaciones con los herederos de Franco, la resignación no fue la respuesta de la sociedad. Desde la muerte del dictador se sucedieron las manifestaciones y actos de denuncia de los crímenes que cometió la dictadura y el fascismo, protagonizados tanto por las bases de las organizaciones de izquierdas como por asociaciones de víctimas, guerrilleras y combatientes o familiares6. Así mismo la izquierda radical y revolucionaria inició actos y conmemoraciones públicas para reivindicar y no permitir el olvido de la revolución social del 36 que vehiculó y organizó la resistencia antifascista hasta la aceptación de las ordenes de Moscú entre la izquierda radical estalinista y la limpieza del POUM7.

Estas iniciativas por la socialización de la memoria fueron cortadas de raíz con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Éste no solo permitió una coyuntura política perfecta para la consolidación de la monarquía y del nuevo régimen surgido de la falta de participación y la no ruptura con las fuerzas fascistas, si no que además dio argumentos de peso a la izquierda institucional para limitar extraordinariamente a sus bases estas actividades. Fue una ratificación del peso que jugaba, y aun juega, el tejido fascista consolidado con la dictadura y que desde ese momento se aseguró una memoria a su medida.

Consecuencias de la Transición

Se ha constituido una memoria asentada por un lado sobre el olvido de la lucha social y la revolución, consolidando así la idea de que la única vía para poder conseguir mejoras sociales es el diálogo social y la negociación. Sepultando y silenciando las mejoras y victorias obreras conseguidas con la revolución, potenciando en su lugar, tanto desde los sucesivos gobiernos como desde el eurocomunismo, una imagen y construcción de la República como referente de progresismo y avance social de manera acrítica con las carencias que mostró. Consiguiendo así sepultar la memoria de la revolución y despojar a la clase trabajadora de las herramientas para vehicular nuevas luchas.

Al mismo tiempo, se crea una memoria en que son olvidados los crímenes de Guerra y Lesa Humanidad así como el derecho a restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición que garantiza la legislación internacional (en los casos que geopolíticamente interesa8). Y ésta es una memoria de la que resulta cómplice la socialdemocracia y en la que debe recaer la responsabilidad de haber permitido el surgimiento y consolidación a día de hoy del conocido como franquismo sociológico en el que mentiras construidas por el régimen, como el llamado “milagro español”9 se instauran como memoria social.

Manteniendo el miedo institucional a la verdad y jugando ese rol de conciliador social, el gobierno socialista de Zapatero durante 2007 inició un debate en el Congreso alrededor de la memoria histórica en un contexto de auge del movimiento por la recuperación de la memoria histórica10 .El resultado fue una ley que no incluye ningún tipo de condena al golpe de Estado y la dictadura, implicando de facto el no reconocimiento de las víctimas y los derechos mencionados más arriba. El Estado no asume responsabilidad real alguna en la gestión por localizar y investigar las desapariciones forzadas más allá de “facilitar” en abstracto, afirmando en el artículo 7 numeral II que ningún posible reconocimiento implicará bajo ningún concepto, ni para el Estado ni para la administración pública, responsabilidad, compensación o reparación económica o profesional.

Se confirma con esta nueva legislación una de tantas contradicciones entre lo que supondría un teórico Estado de Derecho y la práctica política del Estado español. No solamente no aplica la normativa internacional en materia de derechos humanos por Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, si no que además este tipo de legislación procede de organismos y instituciones de las que forma parte. El grado de contradicción llega hasta el punto de promulgar leyes, como la referente a memoria histórica, que implican el incumplimiento de los artículos 10 y 96 de la propia Carta Magna en que se reconoce la primacía del derecho internacional respecto del interno.

El Estado ha legislado abstractamente para una responsabilidad privada del derecho a saber y, además, permite que un cuerpo judicial local, constituido en su mayoría por viejas glorias franquistas o personas afines, decida a nivel individual sobre las propias competencias, y consiguientemente, si abre o no un proceso penal. En este contexto se dan situaciones tan paradigmáticas como que el juez más conocido, señor Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, tribunal de excepción de herencia franquista, máximo precursor y ejecutor de una legislación antiterrorista que garantiza la impunidad policial frente la tortura y las prácticas que vulneran los derechos humanos, se declare públicamente con competencias y abra diecinueve procesos penales y de revisión por las causas franquistas. Y aún cumpliendo las premisas de la ley de memoria y teniendo en cuenta la carrera de servicio al Estado demostrada por el juez, los procesos se encuentran paralizados. El juez ha sido suspendido cautelarmente habiéndose aceptado vergonzosamente a trámite una querella por prevaricación presentada por dos organizaciones de ultraderecha, una de ellas imputadas en la recabación de pruebas realizada por el mismo juez suspendido.

¿Cuál es la realidad? ¿Qué hacemos?

Lo expuesto hasta el momento nos muestra un marco de inconcreción, especialmente en el campo legal concreto del reconocimiento y rehabilitación de las víctimas y familiares, en que se potencia no establecer jurisprudencia sobre ningún tema vinculado. La legislación refleja un Estado y una clase política con claros objetivos inmovilistas, que delante de cualquier posibilidad de respuesta a una demanda social, busca como objetivo prioritario no perder o alterar absolutamente ningún aspecto de lo que consiguió con la Transición.

Una clase política que espera la muerte agónica, anónima y sin reconocimiento de las generaciones que vivieron, padecieron y hicieron frente al levantamiento y la represión fascista; que evita y anula cualquier tipo de actuación que implique la recogida rigurosa de testigos, fuentes orales y escritas; y que, obviamente, no apoya las asociaciones o organizaciones que van más allá del ensalzamiento de los valores pactados con la Transición. Valores que llegan a todos los ámbitos controlados por la clase política y casi inevitablemente se reproducen fielmente y sin ningún tipo de cuestionamiento en las unidades didácticas de nuestros centros educativos. La misma que dificultará mediante abstracciones legislativas el acceso, incluso por parte de investigadoras acreditadas, a las fuentes documentales oficiales aun en manos del ejército, cuerpos policiales como la Guardia Civil o fundaciones de talante fascista con subvenciones públicas.

Es esta la única manera de asegurar que queda sepultada la posibilidad de recordar la experiencia de la Revolución del 36, momento en que la clase trabajadora vivió, desde la base y mediante la resistencia antifascista, la experiencia de la transformación social11. Los ejemplos de las Alianzas Obreras del 34 tejidas alrededor del territorio del Estado español, donde aun sin estar presente la CNT constituían un Frente Único ante la posibilidad de que el fascismo entrase a formar parte del gobierno. Y especialmente aquellos hechos como la Revolución de Asturias del 34, donde a diferencia del resto del estado las dos centrales sindicales sí que crearon una alianza conjunta declarando que el fascismo solo se podía parar mediante una revolución, son el tipo de experiencias de las que nos quieren despojar. Quieren hacernos olvidar que pudimos y conseguimos llevar a cabo con éxito, como clase trabajadora organizada, desde las necesidades sociales básicas como las escuelas o el reparto de alimentos hasta la industria de guerra imprescindible para hacer frente a un levantamiento militar y un golpe de estado que derivó en guerra12.

Frente a esta memoria manipulada, interesada y parcial, pactada con los herederos del franquismo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Es imprescindible evidenciar el papel de la izquierda revolucionaria dentro de la resistencia así como negar la imagen que la historiografía tradicional y estalinista se ha esforzado en reproducir, reduciendo el conflicto a la falsa dicotomía democracia-fascismo. Debemos transmitir en cada uno de los espacios en los que somos activas social o políticamente, desde las aulas, bien como docentes o estudiantes, hasta en los debates académicos, políticos o dentro de los movimientos, pasando por la investigación profesional o cualquier ámbito laboral en que se produce una lucha por nuestros derechos, la experiencia que nos lega la revolución social iniciada en Asturias en 1934 y continuada en el resto del Estado hasta 1938. Acercar a cuanta más gente la realidad de que existe una alternativa al pactismo y que esta es la lucha y la autoorganización de la clase trabajadora, así como luchar por el reconocimiento y la dignificación de aquellas que murieron o malvivieron por defender esta opción u otras alternativas, es el objetivo inmediato que debemos marcarnos en relación a la recuperación de nuestra memoria.

Notas

  1. Nos referimos a la ley que lleva por nombre Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (10.10.07) las implicaciones concretas de la cual retomaremos más adelante.
  2. Existen divergencias entre la adopción de las fechas de la Constitución (1978) o el final del gobierno de UCD (1982) como momento final de la Transición.
  3. Para una buena síntesis de datos de participación, fechas de convocatoria y seguimiento os remitimos a Eaude, M., 2009. La Transició. Moviment obrer, canvi polític i resistencia popular.p. 27. En Lluita. También os remitimos a Sartorius, N. i Sabio, A., 2007. El final de la dictadura, Temas de hoy, Madrid.
  4. Aun teniendo en cuenta la orientación política moderada derivada de la estrategia de “reconciliación nacional”, el partido continua siendo el principal motor de la oposición antifranquista y en las últimas décadas del franquismo continuaba siendo el partido de la izquierda más grande manteniendo el peso obtenido durante la Guerra Civil. Os remitimos a Morán, G., 1986. Miseria y grandeza del partido comunista de España. Planeta, Barcelona. para profundizar con el análisis de este partido.
  5. La persecución, detención, tortura o desaparición forzada por razones de etnia, sexuales o políticas se encuentran catalogadas en el derecho penal internacional como Crímenes de Lesa Humanidad, y a la vez, el incumplimiento del Tratado de Ginebra referente a las garantías y derechos en el transcurso de conflictos armados es tipificado en los mismos tribunales como Crímenes de Guerra. La jurisprudencia en estos casos fue constituida con los juicios de Nüremberg y des de ese momento se ha aplicado a diferentes juicios internacionales por Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. Os remitimos a K. Juhl. (2005). The contribution of (forensic) Archaeologists in Human Rights Investigatons of Mass Graves. Stavanger.; así como a los informes de Amnistía Internacional: Las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo: no hay derecho. Preocupaciones sobre el proyecto de ley de “derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo (2005) y España: poner fin al silencio y la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista (2006) y al informe del equipo Nizkor La cuestión de la impunidad en España (2004).
  6. Para un análisis de los movimientos sociales para la recuperación de la memoria os remitimos a Alberola, O. I Villagrasa, F. 2008. Miedo a la memoria. Historia de la ley de reconciliación y concordia. Flor del Viento. Y también Armengou, M I Belis, R. 2004. Les fosses del Silenci. Hi ha un holocaust espanyol? Rosa dels vents.
  7. Os remitimos a Durgan, A. 2010. 1936: Guerra i Revolució para un análisis más detallado y desglosado de la situación política que rodeó la revolución española.
  8. Para un buen análisis de las intervenciones a nivel internacional, sus consecuencias, los contextos así como una buena crítica a la imparcialidad con que es aplicada esta legislación os remitimos a K. Juhl. (2005). The contribution of (forensic) Archaeologists in Human Rights Investigatons of Mass Graves. Stavanger.
  9. Para un buen análisis y desarrollo de las consecuencias sociales de la desmemoria y del papel jugado por la izquierda institucional os remitimos a Eaude, M. La Transició. Moviment obrer, canvi polític i resistencia popular. Así como a Dimas Balsalobre, F. 2009. “El miedo de la clase política hacia la recuperación de la memoria y sus efectos desmoralizadores sobre los colectivos afectados, sus entornos y la base social de la izquierda” a Pagès i Blanch, P. 2009 La Transició democràtica als Països Catalans. Història i Memòria. Universitat de València.
  10. Os remitimos a Fosses: la memòria soterrada. Avenç núm. 299, Febrer del 2005 para tener una visión diacrónica y global del movimiento por la memoria en el Estado español y su vinculación con los existentes de carácter internacional.
  11. Os remitimos al trabajo de Dimas Balsalobre, F. 2009. i Eaude, M, 2009. P 75. para poder valorar las líneas principales de consecuencias sociales de la desmemoria.
  12. Os remitimos a Durgan, A. 2010. para un análisis más detallado de la revolución y de la Guerra Civil.
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