Género, inmigración y cuidados: una cadena de exclusiones

En el marco de un sistema que prima los beneficios por encima del bienestar de las personas, se está produciendo una crisis de los cuidados a nivel global en la que las divisiones de género, etnia y clase juegan un papel clave, situando a las mujeres inmigrantes en condiciones de ausencia de derechos y precariedad extrema. Por Ana Villaverde.

El fenómeno migratorio, su ampliación en las últimas décadas y su distribución en función del género, ha de explicarse en su contexto, marcado por la reorganización del mercado de trabajo a escala global. Las políticas de ajuste estructural de corte neoliberal implementadas en los países pobres, que se han traducido en la privatización de los recursos básicos y los servicios públicos y la desregulación de los mercados laborales, han tenido como consecuencia el incremento del desempleo y la pobreza. Al mismo tiempo, en los países ricos, la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral en condiciones de precariedad, el envejecimiento de las poblaciones y los recortes en servicios sociales, han llevado a un aumento de la demanda de mano de obra de bajo coste para suplir las necesidades de cuidado.

Desregular para conciliar

En este contexto, la crisis de los cuidados en los países ricos abre nuevas oportunidades de empleo para muchas mujeres que encuentran en la opción de emigrar una salida a las situaciones de pobreza y violencia estructural que viven en sus países de origen. La necesidad de mantener a sus familias constituye una de las causas más extendidas entre las mujeres que emigran debido fundamentalmente a la responsabilidad principal que se les adjudica en la reproducción del grupo doméstico. Pero la conjunción de diversos factores convierte la consecución de sus objetivos en una carrera de obstáculos.

En primer lugar, las políticas migratorias, basadas en los controles de inmigración que impone el modelo de “Europa fortaleza”, niegan a la mayoría de las mujeres inmigrantes los derechos de ciudadanía, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad para afrontar abusos en el ámbito laboral o social. La actual legislación en materia de extranjería establece que para conseguir un permiso de trabajo y no ser expulsada es necesario tener un contrato de trabajo o, como mínimo, una oferta firme de empleo. En el Estado español, la política de inmigración se ha diseñado acorde a los intereses y necesidades de mano de obra del mercado laboral autóctono, que establece un sistema anual por cuotas que determina en qué sectores han de emplearse las personas inmigradas para poder regularizar su situación. De esta forma, sin tener en cuenta sus preferencias o cualificaciones, se les empuja a emplearse en los sectores con peores condiciones y que demandan mano de obra barata, como la construcción, la hostelería, la agricultura o el servicio doméstico.

Para las mujeres inmigrantes, la regularización de su situación es más complicada que para los hombres y, en muchos casos, dicha regularización no implica automáticamente el reconocimiento de derechos. Como explica Ruth Mestre1, la normativa sobre extranjería no toma en consideración las particularidades de la situación en que se encuentran las mujeres inmigrantes, ya que o bien regula “en masculino”, es decir, tomando como referencia las experiencias de los hombres inmigrantes, o bien no regula algunas situaciones que atañen fundamentalmente a mujeres, como el servicio doméstico o la prostitución.

La mayoría de las mujeres inmigrantes trabajan en el servicio doméstico, un sector en el que la ausencia de derechos está a la orden del día, lo que añade serias dificultades a la regularización. Hasta hace muy poco, el sector se regía por el Régimen Especial de Empleados de Hogar, el cual, entre otras cosas, no obligaba a hacer un contrato por escrito si el trabajo no sobrepasaba las 80 horas mensuales, no garantizaba un tiempo de descanso como el que se establece en otros trabajos ni obligaba al pago de las horas extra; además, prácticamente permitía el despido libre y gratuito.

El anterior gobierno pactó con los sindicatos la inclusión de las empleadas del hogar en el Régimen general de trabajadores2, modificación que ha entrado en vigor en enero y que supone algunas mejoras en las condiciones laborales de las empleadas en el servicio doméstico. A partir de ahora, se deberá dar de alta en la Seguridad social a las trabajadoras, independientemente del tiempo trabajado, y se amplía el acceso a las prestaciones por incapacidad temporal. Pero por otro lado, bajo la justificación de acabar con la economía sumergida y garantizar los derechos de las empleadas, también se incorpora la entrada de empresas como intermediarias en la contratación. Como advierte Sandra Ezquerra3, con esta medida, el aumento del coste para los empleadores y empleadoras del servicio doméstico no revertirá en un incremento del salario de las trabajadoras, como debería ser, sino en beneficios para empresas de trabajo temporal que, como es sabido, nunca han promovido unas condiciones de empleo dignas, sino todo lo contrario. Que en el servicio doméstico existe un problema de economía sumergida es evidente: la última Encuesta de Población Activa (EPA), indica que de las 700.000 personas que se emplean en este sector en el Estado español, menos de 300.000 estaban dadas de alta en el régimen especial correspondiente. Pero para garantizar los derechos de las trabajadoras, en lugar de incorporar a empresas como intermediarias, habría que garantizar una inspección de trabajo real y efectiva en los hogares, que a día de hoy es prácticamente inexistente.

Por otro lado, la nueva normativa no incluye cuestiones tan fundamentales como el acceso a la prestación por desempleo, cuando tener una cotización suficiente para acceder a dicha prestación es una de las condiciones que se exigen para poder renovar los permisos de residencia o de trabajo. De esta forma, las mujeres inmigrantes que se emplean en el servicio doméstico se enfrentan a un círculo vicioso: el miedo constante a la expulsión las obliga a aceptar peores condiciones laborales y, al mismo tiempo, la desregulación en el sector dificulta enormemente el acceso a los derechos de ciudadanía.

¿Liberadas contra oprimidas?

El empleo de mujeres en peor situación económica, de una clase social más baja y/o de origen extracomunitario en el servicio doméstico ha generado la ilusión, en las mujeres autóctonas y de un poder adquisitivo más alto, de una supuesta “liberación” de la carga del trabajo doméstico y de cuidados. Sin embargo, lo cierto es que el trasvase de este trabajo a otras mujeres reproduce la tradicional división sexual del trabajo, en la que la responsabilidad de garantizar el cuidado continúa correspondiendo a las mujeres, y se asume que las necesidades derivadas del mismo han de resolverse en el ámbito privado. No se ha producido una redistribución social del cuidado y, por lo tanto, tampoco se ha puesto en cuestión el valor y la centralidad del mismo para garantizar la reproducción de la sociedad y su bienestar. De esta forma, estos trabajos siguen estando infravalorados y, al continuar desarrollándose fundamentalmente en el hogar, permanecen invisibles, aunque la suma de diversos factores haya propiciado su reorganización.

El envejecimiento de la población, que incrementa la demanda de cuidados, la precarización del mercado laboral, que impone mayor flexibilidad y exige una mayor disponibilidad de las trabajadoras, y la ausencia de unos recursos e infraestructuras públicas adecuadas, ha empeorado las condiciones en las que se desarrolla el trabajo reproductivo, llevando a lo que se ha denominado una “crisis de los cuidados”. En el Estado español, el estado del bienestar se ha desarrollado siguiendo una política “familista”, que implica que cuando el estado interviene, generalmente lo hace a través de políticas o ayudas que facilitan el trabajo de cuidados en el hogar, pero no se proporciona unos recursos a la población para que las familias puedan externalizar parte de ese trabajo fuera del ámbito privado, en guarderías, comedores, centros de atención a personas mayores, etc. En este contexto, siempre han sido las familias y, dentro de éstas, las mujeres, las que se han encargado de suplir las carencias de los servicios sociales.

En la actualidad, lo que está sucediendo es que muchas mujeres han entrado en el mercado laboral formal, cada vez más precarizado, y no pueden desarrollar ambos trabajos a la vez, dentro y fuera del hogar. Generalmente, las pocas mujeres que pueden prescindir de su salario tampoco quieren asumir el papel tradicional de “amas de casa”, que merma su autonomía y está muy poco valorado socialmente. Así, para poder compatibilizar ambas responsabilidades y lograr la tan aclamada “conciliación” laboral y familiar, cada vez más mujeres optan por la estrategia de emplear a una tercera persona que asuma parte de ese trabajo de cuidados. Puesto que continúa siendo un sector en el que la ausencia de derechos laborales está muy extendida, lo habitual es que se trate de una mujer inmigrante, cuyo acceso a unas condiciones laborales dignas se ve muy restringido por las políticas migratorias. En realidad, lo que se está produciendo es un trasvase del trabajo de cuidados de unas mujeres a otras, entre las que la clase social y la extranjería juegan un papel crucial, sin que los hombres, el Estado ni la sociedad en su conjunto asuman su parte de responsabilidad. Citando el Informe “Hogares, cuidados y fronteras… Derechos de las mujeres inmigrantes y conciliación”4: «La conciliación se logra a través de la externalización del “trabajo sucio” (…). Se produce una especialización de género, entre hombres y mujeres, y entre unas mujeres y otras, entre el trabajo reproductivo más amable (no asalariado) y la ejecución, física y emocional, de las tareas. En su desarrollo, se invisibiliza el componente servil de atención y cuidado de unas y el estrés, la carencia y la contradicción emocional de otras».

Generalmente, cuando en una pareja o familia heterosexual se contrata a otra mujer para que desempeñe las tareas del trabajo doméstico o cuidado, son las mujeres las que se encargan de establecer las condiciones laborales con la empleada y de supervisar después su trabajo y, en muchos casos, también de afrontar los gastos que conlleva. Las mujeres que emplean a otras, especialmente cuando son de clase trabajadora, no están exentas de los problemas de culpabilidad y contradicciones derivados de “dejar” una responsabilidad que la sociedad les adjudica a ellas en manos de otra mujer, a la que además suelen emplear en situaciones de irregularidad y con salarios muy bajos. El citado informe recoge las conclusiones de un estudio acerca de la relación que se establece entre empleadas y empleadoras. Entre otras cosas, llama la atención cómo repercuten directamente las condiciones de las empleadoras en el mercado laboral en la situación de las mujeres empleadas en el servicio doméstico. El hecho de que las mujeres tengamos que soportar más precariedad laboral (flexibilidad horaria, salarios bajos, inseguridad laboral, problemas para pedir permisos, etc.), incide directamente en la precariedad a la que las empleadoras generalmente someten a las mujeres que trabajan en sus hogares, pidiéndoles, por ejemplo, de forma habitual y como “un favor”, que se queden más rato con los hijos o hijas, en horas extras que después no les pagan.

En definitiva, aunque es cierto que se dan situaciones de abuso, se trata de un problema estructural que va más allá de la buena o mala voluntad de unas frente al victimismo paternalista que muchas veces se adjudica a las otras.

Esta falsa dicotomía que se establece entre mujeres autóctonas liberadas y mujeres inmigrantes oprimidas oculta la dimensión estructural del problema, que tiene que ver con las desigualdades de género que impone la división sexual del trabajo en el sistema capitalista. Además, esta distinción nos divide y evita establecer la interrelación que existe entre la opresión que sufrimos unas y otras, opresión que, si bien toma formas distintas y difiere en grado e intensidad, tiene un mismo origen.

En el plano ideológico, estas divisiones se refuerzan constantemente en los medios de comunicación y el discurso político, donde se exagera la importancia de las diferencias culturales. Como explica la antropóloga e investigadora en temas feministas Carmen Gregorio5, las mujeres inmigrantes han pasado de estar totalmente invisibilizadas a aparecer como víctimas pasivas de la opresión a la que las someten sus “otras culturas”. Un ejemplo concreto al respecto es el debate público que se ha generado en torno al uso del velo (hiyab) por parte de las mujeres musulmanas. Lo habitual es que los defensores y defensoras de la prohibición del velo utilicen el argumento de que esta prenda, además de ser un símbolo de opresión, supone un obstáculo para la integración de las mujeres. Con este discurso se asume que las mujeres con velo no tienen ninguna capacidad de decisión, como si fuesen meros canales de transmisión de las pautas culturales que les imponen los hombres. Desde una postura como esta, propia de una visión eurocéntrica, parece importar poco lo que tengan que decir las mujeres implicadas sobre la cuestión. Defender la prohibición del uso del velo es caer en el mismo paternalismo de quienes se creen con el derecho de imponerlo.

Además de no favorecer el empoderamiento de las mujeres inmigrantes y de alimentar los prejuicios que las sitúan en posiciones de inferioridad, los políticos y los medios utilitzan este tipo de discurso como excusa para justificar la no integración de las personas inmigrantes. Así, las diferencias culturales sirven para ocultar las verdaderas razones de las desigualdades a las que se enfrentan las personas inmigrantes, producidas por los controles de inmigración que les privan del acceso a los recursos y a los derechos más básicos.

Rompiendo barreras

Para acabar con las desigualdades de género, clase y etnia —que nos someten, a las mujeres trabajadoras en general, y a las mujeres inmigrantes en particular, a situaciones de precariedad y explotación—, es necesaria una transformación del sistema socioeconómico a nivel estructural.

En primer lugar, es fundamental partir de una visión que asuma la importancia que tiene el trabajo reproductivo para el mantenimiento de nuestra sociedad y que entienda que entre este trabajo y el trabajo productivo existe una relación de interdependencia. Es decir: sin el trabajo de cuidados, el trabajo remunerado y socialmente reconocido que tiene lugar en el mercado laboral no podría desarrollarse. La equiparación total de derechos de las mujeres empleadas en el servicio doméstico con el resto de trabajadores es un paso fundamental para la valorización del trabajo de cuidados, que además tendría repercusiones positivas para la consideración social del trabajo reproductivo no pagado que se da en el hogar.

Las políticas encaminadas a favorecer la conciliación que se han implementado hasta ahora, como los permisos de maternidad y paternidad o las reducciones de jornada, se han hecho desde una perspectiva que no rompe con la lógica de priorizar los mercados por encima del bienestar de las personas y que continúa supeditando las necesidades de cuidado a la obtención de beneficios privados. En un contexto de crisis y recortes de derechos laborales, lo que sucede en la práctica es que se ha acabado por utilizar la trampa de la conciliación para flexibilizar y precarizar aún más el mercado laboral y para mercantilizar los servicios relativos al cuidado, en los que empresas afectadas por la crisis están encontrando nuevas fuentes de ganancias. En este sentido, es necesario que se produzcan reformas estructurales en el mercado laboral que garanticen un empleo estable y de calidad y que se den las condiciones para una verdadera redistribución social del cuidado, que pasa, entre otras cosas, por la recuperación de unos servicios cien por cien públicos.

Por otro lado, defender la ampliación de derechos laborales y sociales, tanto en el servicio doméstico como en otros sectores, no tiene sentido mientras siga existiendo una parte de la población que, a pesar de contribuir con su trabajo al mantenimiento de la sociedad —y en el caso de las mujeres inmigrantes, a su bienestar y reproducción—, permanece excluida de esos derechos. En este sentido, los derechos de ciudadanía no deberían estar sujetos a la situación laboral y menos aún cuando se establecen mecanismos que obligan a las personas inmigrantes a emplearse en las peores condiciones. Las personas no pueden ser consideradas como mera fuerza de trabajo y todo el mundo debería tener derecho a la libre circulación.

Pero para lograr estos y otros objetivos, es esencial romper las barreras ficticias que nos quieren imponer entre unas y otras. Si queremos compartir espacios de organización y lucha, no podemos hacerlo desde posturas paternalistas que nos sitúen en posiciones de superioridad. El taller Territorio doméstico en Madrid, que agrupa a mujeres autóctonas e inmigrantes empleadas en el servicio doméstico de distintos colectivos, es un ejemplo de autoorganización de mujeres que han sido capaces de romper con los prejuicios que convierten a las mujeres extranjeras en competidoras por los puestos de trabajo, para considerarse mutuamente compañeras de lucha. Entre otras cosas, han organizado movilizaciones que reclamaban papeles para todas y la equiparación de derechos en el servicio doméstico con otros sectores. Otras experiencias muestran que a través de la organización de las trabajadoras se pueden lograr victorias. En 1999, en Gran Bretaña, mujeres inmigrantes organizadas en el colectivo Kalayaan lograron que el gobierno modificase la regulación del servicio doméstico y que implementase un programa de regularización para mujeres que habían sufrido abusos por parte de sus empleadores. Como éstos, existen múltiples ejemplos que ponen en entredicho el papel de víctimas que se les suele adjudicar a las mujeres inmigrantes, mujeres luchadoras y auténticas supervivientes de las que tenemos mucho que aprender.

Notas

1. Mestre, Ruth, 2000. “Género y migración en el Estado español”, revista Mugak, número 9/10, septiembre 1999/marzo 2000.
2. Ministerio de empleo y seguridad social, 2011. Documento “Integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen general”, disponible en:
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/IntegraREEH/index.ht…
3. Ezquerra, Sandra, 2011. “Reforma del Régimen del Servicio del Hogar. Un grano de arena en el desierto”. Periódico Diagonal, número 143-144. Disponible en:
http://www.diagonalperiodico.net/Un-grano-de-arena-en-el-desierto.html
4. VV.AA., 2004. Informe “Hogares, cuidados y fronteras…derecho de las mujeres inmigrantes y conciliación”, Editorial Traficantes de sueños.
5. Gregorio Gil, Carmen, 2009: “Mujeres inmigrantes: colonizando sus cuerpos mediante fronteras procreativas, étnico-culturales, sexuales y reproductivas”, revista Viento Sur, número 104, julio 2009.

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